DISCAPACITADDOS
La Constitución asegura a los españoles
con discapacidad los mismos derechos y deberes
que al resto de los ciudadanos. Es el deber de
la Administración Pública garantizar
el ejercicio real de la igualdad de oportunidades
y la posibilidad de una vida independiente.
Para ello Iniciativa Habitable propone la puesta
en marcha de un
· Plan
Integral de Accesibilidad y Habitabilidad
para discapacitados, que nazca desde el apoyo
y la participación de los Movimientos Asociativos
de estos colectivos como interlocutores válidos.
Este plan habrá de ser desarrollado a partir
de la creación de los
· Consejos
para la Integración de Discapacitados.
Desde ellos la Administración y los interesados
habrán de velar conjuntamente por el desarrollo
de las medidas de fomento que aseguren la obtención
de los ingresos necesarios y los medios para llevar
a cabo una vida independiente. Así como
tutelar aquellas instituciones que prestan servicios
a este colectivo a fin de asegurar su transparencia
económica y el cumplimiento de los fines
sociales para los que fueron creadas.
Entre los cometidos esenciales se encuentran;
· La puesta
en marcha de medidas urgentes de accesibilidad
y eliminación de barreras
arquitectónicas en edificación,
urbanismo y transporte, con prioridad sobre centros
y servicios de uso público
· Asegurar la Adaptación obligatoria
de las Áreas Públicas esenciales;
Administrativas, Medios de Comunicación
y Puntos de Información, a las diversas
discapacidades, mediante la dotación de
servicios como los sistemas de amplificación,
avisos e información visuales y auditivas
o servicios de intérpretes de lengua de
signos o subtitulación de la .programación
televisiva.
· La Comunidad
debe reconocer y aumentar de la financiación
de prótesis y elementos imprescindibles
como prestación sanitaria, eliminando las
actuales limitaciones, económicas o de
edad.
· Desarrollar Medidas de fomento de la
actividad laboral de españoles
discapacitados e información a los empresarios
de los incentivos a su contratación.
· Enfocada a esta integración deben
nacer los Centros especiales de formación
y empleo, vinculados específicamente
a las necesidades reales del mercado de trabajo.
· Estos centros deben tener su prolongación
en la habilitación de Empresas
de Integración que sirvan
como ayuda a la práctica profesional, bolsa
de trabajo, tránsito hacia el empleo ordinario
y solo en casos excepcionales de grandes minusvalias,
como empleo fijo.
·
Es necesaria igualmente
la reordenación al alza de beneficios tributarios
a las empresas según grado
de minusvalía y del conjunto de medidas
de fomento efectivo a la contratación.
· Todo
ello completado por un programa para el fomento
de iniciativas de trabajo autónomo, equiparando
las bonificaciones y subvenciones a las percibidas
por trabajador en los casos de contratación
por cuenta ajena y centros especiales avanzados
de empleo.
La Administración
debe dar ejemplo,
· Creando
programas formativos para el acceso
de discapacitados al empleo en las Administraciones
Públicas.
· Incrementando progresivamente la cuota
de reserva obligatoria en el Empleo Publico
· Priorizando
el acceso a los contratos de suministro con la
Administración de aquellas empresas que
acrediten la integración y el cumplimiento
efectivo de la normativa de apoyo a los españoles
discapacitados.
